Repudiamos el cierre de cargos y aulas
en las escuelas entrerrianas
A cuatro años del asesinato del compañero Carlos Fuentealba, las políticas ajustadoras del kirchnerismo y del urribarrismo nos ratifican que el camino para defender la escuela pública es la lucha de docentes, padres y alumnos.
Esta mañana, mientras se izaba la bandera, en muchas escuelas entrerrianas se mezclaron las lágrimas por la memoria del crimen impune de un trabajador de la educación con las del dolor y la bronca por un decreto que cierra aulas, baja las categorías de varios establecimientos y deja en la calle a muchos docentes suplentes y a muchísimos alumnos.
El kirchnerismo niega los problemas que su política provoca, y cuando éstos se hacen incontenibles, intenta frenarlos con ajustes y represión. Como ejemplo, basta recordar que cuando en Villa Soldatti salió a la luz la crisis habitacional, la medida más importante de Cristina Fernández fue crear la Secretaría de Seguridad para reprimir las tomas de los terrenos ociosos. Del mismo modo, Urribarri no duda en apelar a medidas ajustadoras y represivas. El nuevo ajuste, lleva hoy el nombre de Resolución Nº 937. Ante la falta de alumnos en muchas escuelas, producto de la miseria a la que están condenados; la imposibilidad de planificar un proyecto de vida; la necesidad de trabajar o por haber sido ganados por el desaliento, la desesperación y la droga, la nueva normativa resuelve bajar de categoría a esas escuelas, cerrar divisiones, trasladar personal y quitar cargos.
Desde Agmer se ha advertido más de una vez que, a pesar de que la propaganda oficial se regodee con que mediante la Asignación Universal por Hijo se incrementó la matrícula escolar en la provincia, estábamos cada vez más lejos de garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad educativa. Si en las escuelas de nuestros barrios, los hijos de las familias más oprimidas dejan las aulas, en la mayoría de los casos no se debe a que hayan pedido pase a otro establecimiento, sino a que se vieron obligados abandonar su escolaridad.
Desde la Agrupación Ana Sosa repudiamos este nuevo instrumento legal utilizado para llevar más ajuste a nuestras escuelas empobrecidas y en crisis; cuando lo que necesitamos y exigimos son políticas de pleno empleo con salarios justos para los padres de nuestros alumnos y escuelas dignas con planes de estudio acordes a las necesidades de la comunidad educativa y con docentes que puedan alcanzar con su sueldo la canasta familiar.
